La Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras ha proyectado una ampliación del Puerto de Tarifa con el propósito inicial de trasladar desde Algeciras a nuestra ciudad gran parte del tráfico de pasajeros que cruzan el Estrecho. El proyecto, popularmente llamado el megapuerto por su desproporción, contempla la construcción de seis atraques para ferrys, dos para rampas de camiones, estación marítima, aduana, almacenes, etc., y ocuparía desde el actual puerto hasta la Punta del Camorro, con una superficie de 31 hectáreas de hormigón, en un total de 61,4 hectáreas ocupadas (equivalente a 120 campos de fútbol).
A pesar de que el proyecto se presentó públicamente en Tarifa (enero 2008) pocos días antes de expirar el plazo de alegaciones, asociaciones, partidos y vecinos de Tarifa presentaron multitud de alegaciones que recogían razones medioambientales y patrimoniales así como sociales contrarias al proyecto de ampliación del puerto:
• Pretende ocupar toda la costa mediterránea de la ciudad por lo que desaparecería el Paseo del Miramar, La Caleta y La Playa Chica. Supondría la destrucción irreversible del biotopo, afectando al Parque Natural del Estrecho y a La Isla de las Palomas, que se verían perjudicados por el aumento de la contaminación, por los sedimentos durante las obras y por la alteración de corrientes que nutren a las numerosas colonias de especies allí asentadas. Además de amenazar al patrimonio histórico, por el paso de tráfico pesado junto a las Murallas medievales.
• Perjudica a sectores económicos tradicionales como el de la actividad pesquera y la almadraba, y a otros modelos productivos más vinculados al sector turístico y respetuosos con el entorno natural. Éstos son potencial de un futuro sostenible que apueste por la conservación medioambiental y patrimonial para el desarrollo económico del territorio.
En suma, un proyecto que transformaría negativamente a Tarifa, pues la convertiría en una ciudad portuaria en primera línea de frontera, sin que suponga una aportación sustancial a las necesidades de la población. Básicamente, la ampliación supone el beneficio privado de sus promotores en perjuicio del interés general.
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firma de alegaciones
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